Google pierde su último recurso en la UE: la multa de 4,100 millones de euros por Android es definitiva

El máximo tribunal europeo ha hablado y ya no hay posibilidad de apelar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó el último recurso de Google contra una multa de 4,100 millones de euros por infracción a las normas de competencia, una de las sanciones más altas impuestas a una empresa tecnológica. Ocho años después de que los reguladores impusieran la sanción, la pregunta de si los acuerdos de Android de Google violaban el derecho de competencia de la UE quedó resuelta de manera definitiva.

La infracción original se relacionaba con una práctica que miles de millones de usuarios de Android han vivido sin necesariamente nombrarla: la preinstalación. Google exigía a los fabricantes de teléfonos que querían acceder a la Play Store que se comprometieran de antemano a incluir Google Search y Chrome en todos sus dispositivos Android. Los reguladores concluyeron en 2018 que esta agrupación le daba a los productos propios de Google una ventaja que los competidores no podían superar, sin importar la calidad de sus alternativas. El Tribunal General de la UE redujo ligeramente la sanción en 2022, de 4,340 a 4,100 millones de euros, pero mantuvo la ilegalidad.

El Tribunal de Justicia confirmó ambas conclusiones. En su resolución, dijo que el tribunal inferior «no cometió un error jurídico al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación» y confirmó que el razonamiento sobre el monto de la multa era jurídicamente sólido. Google había argumentado, en su último recurso, que la apertura de Android a la personalización de terceros significaba que sus condiciones de preinstalación no bloqueaban la competencia. El tribunal no se convenció.

El fallo llega en un contexto muy diferente al que existía cuando inició el caso. Google ha incorporado desde entonces pantallas de elección en los dispositivos Android europeos que piden a los usuarios seleccionar un motor de búsqueda predeterminado durante la configuración inicial. La Comisión Europea había exigido esto como medida correctiva. Si esas pantallas han cambiado de forma significativa qué motor de búsqueda usan los europeos es una pregunta distinta y mucho más difícil: la inercia del valor predeterminado es muy poderosa, y quien selecciona activamente un motor alternativo es una minoría pequeña.

La respuesta de Google mantiene su postura original. «Android ofrece más elección a todos y apoya a miles de empresas», dijo la compañía. «Esta sentencia no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito.» El argumento no carece de base: el núcleo de código abierto de Android está disponible para cualquier fabricante sin estos acuerdos, y los acuerdos solo aplicaban a la versión con licencia que incluye la Play Store. El criterio del tribunal es que en ese punto, cuando un fabricante necesitaba la Play Store para ser viable comercialmente, las condiciones ya eran coercitivas.

La tensión central del caso no ha quedado totalmente resuelta con el fallo. La diferencia entre agrupación lícita y vinculación anticompetitiva es una pregunta que se repetirá a medida que los asistentes de IA, sistemas operativos y hardware se interrelacionen más. La UE cuenta con herramientas reguladoras, la Ley de Mercados Digitales designa a Google como «guardián», pero los plazos de aplicación tienden a retrasarse respecto a la evolución del mercado.

La Comisión Europea podría ahora evaluar si las medidas correctivas de comportamiento aceptadas en el caso original requieren actualización, ante el despliegue de pantallas de elección y la aparición de alternativas de búsqueda basadas en IA. Cualquier nuevo procedimiento partiría con la ventaja de tener una base jurídica firme.

Etiquetas: Google, Android, Alphabet, antimonopolio UE, Court of Justice EU, European Commission