La UE descubrió que dependía de otros para chips, medicamentos y baterías. Ahora paga para revertirlo

Cuando Europa no pudo fabricar mascarillas en 2020 y el gas ruso dejó de fluir tras la invasión de Ucrania, una pregunta se volvió inevitable: ¿qué industrias cedieron en silencio los gobiernos europeos y cuánto costaría recuperarlas?

La respuesta de la UE lleva un nombre cauteloso: autonomía estratégica abierta. Consagrada como principio rector de la segunda Comisión de Ursula von der Leyen, la doctrina traza una línea que el bloque evitó durante décadas: «tan abiertos como sea posible, tan autónomos como sea necesario».

La intervención corre por tres frentes. La Ley Europea de Chips busca duplicar la cuota europea en semiconductores al 20% para 2030. La Ley de Materias Primas Críticas, aprobada en marzo de 2024, exige que la UE extraiga al menos el 10% y procese al menos el 40% de sus necesidades de litio, cobalto y tierras raras de forma interna. ReArm Europe, lanzado en marzo de 2025, compromete 800.000 millones de euros para una base industrial de defensa que se encogió durante tres décadas de recortes tras la Guerra Fría.

El caso Sandoz —documentado por MCM— ilustra cómo una dependencia estratégica se instala sin que nadie lo decida conscientemente y casi no se revierte: la producción de antibióticos migró a Asia de forma gradual y ahora requiere intervención política para volver. El mismo patrón se repite en semiconductores, baterías y capacidad de supercómputo.

El informe de competitividad de Mario Draghi, publicado en septiembre de 2024, calculó la brecha: cerrar el déficit entre lo que Europa gasta y lo que sus propios objetivos requieren costaría entre 750.000 y 800.000 millones de euros al año, cerca del 4-5% del PIB de la UE. Ningún presupuesto europeo actual puede financiar eso.

Los resultados son dispares. La planta de TSMC en Dresde avanza. Intel abandonó Magdeburgo aunque recibió 11.000 millones en subsidios alemanes. Northvolt, que debía anclar la industria europea de baterías, quebró en noviembre de 2024. China provee el 87% de las baterías que compra la UE.

Los críticos, incluyendo economistas de la propia UE, señalan que varios de estos instrumentos colisionan con los compromisos ante la OMC. En Washington, «autonomía estratégica» se usa como sinónimo de proteccionismo europeo.

La lógica de fondo es difícil de cuestionar. La capacidad de Europa para regular la inteligencia artificial, imponer estándares climáticos o negociar tratados comerciales en condiciones favorables depende de si el bloque controla las cadenas de suministro y la capacidad industrial que esas posiciones requieren. La autonomía estratégica sostiene que la soberanía, en el siglo XXI, es ante todo una cuestión industrial.

La primera prueba llega en 2026, cuando la planta de TSMC en Dresde empiece producción y la segunda ronda de la Ley de Materias Primas Críticas entregue sus decisiones de financiamiento.

Etiquetas: cadena de suministro, semiconductores, autonomía estratégica, Mario Draghi, política industrial europea, UE